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Los varapalos judiciales a la banca evidencian la urgencia de documentos jurídicos claros; esta disciplina enseña cómo hacerlo.

Las conclusiones del abogado general del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) en el caso de las hipotecas vinculadas al IRPH son el último toque de atención a la banca por la incomprensibilidad de sus contratos para el ciudadano medio. La resolución, que incide en la "complejidad" de la fórmula de cálculo del índice, abre la puerta a que los tribunales anulen estos préstamos cuando resulten "poco transparentes" para el consumidor.

El del IRPH es el último de una larga lista de casos en los que se pone de manifiesto un grave problema del tráfico jurídico: los ciudadanos firman muchos contratos que no entienden o que resultan ilegibles. Una circunstancia que ha sido aprovechada por muchas empresas para introducir condiciones abusivas a su favor, ocultas tras una redacción indescifrable o enterradas en un sinfín de páginas indigeribles para el consumidor de a pie.

Casi 80 años después del estreno de Una noche en la ópera, de los hermanos Marx, el célebre "la parte contratante de la primera parte será considerada la parte contratante de la primera parte" sigue representando a la perfección lo que muchos sienten al acercarse a un contrato o un pliego de términos y condiciones: incomprensión y, en consecuencia, inseguridad.

Estas prácticas, no obstante, están destinadas a acabar. A los problemas de validez legal que está acarreando la falta de transparencia y claridad de los contratos (el artículo 1.288 del Código Civil establece que la interpretación de las "cláusulas oscuras" no debe favorecer a quien "hubiese ocasionado la oscuridad"), se suma el propio impacto en el negocio. En pleno auge de la contratación online, en la que la confianza del consumidor juega un papel decisivo, diferenciarse por dar plena seguridad sobre qué productos o servicios se están adquiriendo y, exactamente, a cambio de qué, se convierte en un factor diferencial decisivo con los competidores.

En este contexto, en España lucha por abrirse camino el legal design, una disciplina que pretende revisar y reformular la terminología jurídica, así como los documentos y procedimientos legales, para hacerlos comprensibles para el ciudadano medio. "La clave es poner al usuario en el centro y, a partir de ahí, construir las cosas de tal forma que le sean inteligibles", explica Laura Fauqueur, experta en la materia y ponente en el reciente Legal Design Summit, evento internacional de referencia en este ámbito que se celebró hace unos días en Helsinki (Finlandia).

"El legal design viene de Estados Unidos y del norte de Europa. Allí está mucho más desarrollado; en nuestro país solo está empezando", relata Natalia Martos, CEO de una firma Legal. Lo cual, no obstante, no quiere decir que no se hayan producido ya algunas experiencias que permitan vislumbrar su potencial para empresas y Administraciones.

"En el ámbito privado existen algunas iniciativas tímidas en el sector de la banca y el de las aseguradoras, que son los más susceptibles de sufrir demandas de los consumidores", asevera Martos. Se refiere a pruebas con contratos con una letra más grande y legible, un lenguaje más llano, un diseño más claro e, incluso, con elementos visuales que, en un momento determinado, pueden ser más eficaces que las palabras. "Con un diseño legal claro, aumenta la transparencia y, en consecuencia, la confianza del consumidor. Hemos comprobado ya cómo la reforma de los procesos de contratación conlleva un crecimiento de la ratio de venta de ese producto o servicio. Su potencial comercial es brutal", advierte Martos.

En el ámbito público también se han producido avances. Ejemplo de ello fue el rediseño de las multas que realizó el Ayuntamiento de Madrid el año pasado (como puede verse en la imagen a continuación), con un lenguaje más ligero y comprensibles, y un formato más visual, amable y de fácil lectura (usando, incluso, imágenes y colores). Una consultora de comunicación clara ayudó al consistorio con el nuevo formato. 

Su socio director, Mario Tascón, expone que, para lograr documentos jurídicos más claros pero que, a la vez, no pierdan eficacia legal, es necesario componer un equipo en el que haya, al menos, un jurista, un diseñador, un lingüista y un experto en user experience (experiencia del usuario). "El sector legal es el que va más retrasado en esta materia", comenta Tascón. Aunque no cree que por mucho tiempo, porque los tribunales y la propia legislación cada vez son más exigentes en este sentido.

Prueba de ello, destaca Natalia Martos, es el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), norma que no solo exige que en los contratos, las cláusulas y la información proporcionada se utilice un "lenguaje claro y sencillo", sino que, además, se refiere indirectamente a un buen el diseño legal cuando requiere que la solicitud de consentimiento se presente "de tal forma que se distinga claramente de los demás asuntos, de forma inteligible y de fácil acceso".

Según los expertos, el legal design aún no ha calado en los despachos, aunque algunos sí empiezan a experimentar con él en algún proyecto para testar sus ventajas y su potencial. Es el caso de uno, que hace unas semanas anunció la creación un contrato digital para los nuevos abogados jóvenes que se incorporan a la firma, diseñado siguiendo los principios de esta disciplina. Según su directora de Innovación, Shilpa Bhandarkar, este es el primer paso para abordar el rediseño del resto de documentos legales que emplea el bufete, siempre en la búsqueda, explica, de cómo dar un mejor servicio a los clientes.

Ecija cuenta con un proyecto para elaborar contratos más claros visual y lingüísticamente. Según su socio director, Alejandro Touriño, "el comprador de este producto no es tanto la asesoría jurídica sino el director de marketing y comunicación o el departamento de RSC. Es difícil que un abogado, de primeras, se sienta cómodo abandonando su manera tradicional de trabajar. Sin embargo, quienes están pegados al negocio detectan esta oportunidad desde el primer momento". Touriño cree que el legal design tiene especial recorrido en la contratación en masa, en la que "o te diferencias, y cada vez se valora más el ser más transparente, o te arriesgas a quedar fuera del ecosistema".

Pablo Franquet, experto en redacción jurídica, aporta otro ámbito en el que resulta clave: el de las nuevas tecnologías. "No puedes tener una app intuitiva y funcional, pero con un pliego de condiciones interminable y redactado en un lenguaje oscuro y arcaico". El abogado concluye constatando un cambio de paradigma en el mercado actual: "La claridad es valor añadido".

Letra muy pequeña. Durante estos años, los jueces han sido el gran dique de contención de algunas prácticas abusivas en relación a la ininteligibilidad de los contratos. De hecho, en mayo del año pasado, un juzgado de San Sebastián anuló los intereses de una tarjeta por haberse fijado en una cláusula con letra muy pequeña. Según la sentencia, el clausulado "era extenso y de difícil comprensión para el consumidor medio".

Estructura y ubicación. En 2017, la Audiencia Provincial de Barcelona determinó que para examinar una condición general de contratación debía atenderse a la claridad visual del contrato, a que el texto sea legible y al lenguaje empleado. Además, añadió que no sería legal un contrato en el que la forma, ubicación o, incluso, estructura gráfica, impidiera conocer a un contratante diligente el contenido de sus disposiciones.

Transparencia. En junio de 2018, el Tribunal Supremo estableció que atenta contra la transparencia exigible que pueda agravarse la carga económica que debe soportar un consumidor por una condición general cuya trascendencia jurídica pase inadvertida porque se le da un tratamiento secundario y no se da información clara sobre sus consecuencias jurídicas y económicas.

Lupa. Similar al primer caso expuesto fue el estudiado por la Audiencia de Castellón en 2017. En un auto, el tribunal reprocha que una cláusula en la que se fija el interés remuneratorio esté en letra "tan minúscula" que se necesita "el uso de una lupa" para poder leerla. Además, y como en el asunto del IRPH, los magistrados cuestionan que se empleen conceptos y fórmulas matemáticas "complicadas".

FUENTE: CINCODÍAS