Recientemente, las negociaciones entre el PSOE y sus socios para modificar el régimen fiscal de las socimis (sociedades anónimas cotizadas de inversión inmobiliaria) han generado gran preocupación en el sector inmobiliario. De implementarse esta reforma, se prevé que no solo afectaría la imagen de España en el ámbito internacional, sino que reduciría la oferta de viviendas de obra nueva y, como consecuencia directa, elevaría los precios del mercado residencial.
Las cotizaciones de las principales socimis españolas, como Merlin y Colonial, ya reflejan el impacto de estas medidas, experimentando caídas de hasta un 7% y un 5% respectivamente. Estos movimientos indican el temor de los inversores ante la posible modificación de un modelo que ha permitido la entrada de miles de millones de euros de capital institucional en el sector.
Desde su creación en 2013, las socimis han jugado un papel esencial en el desarrollo del mercado de alquiler en España. Actualmente, existen alrededor de una veintena de estas entidades, con una capitalización bursátil superior a los 3.000 millones de euros. Además, en los últimos años, han surgido socimis orientadas al alquiler social y asequible, un área clave para la mejora de la accesibilidad a la vivienda, especialmente para inquilinos vulnerables.
Expertos como Laura Fernández, directora general de Asval, enfatizan que las socimis han demostrado ser un vehículo adecuado para cumplir con el objetivo de aumentar la oferta de viviendas de alquiler, un aspecto destacado por organismos como la Comisión Europea y el Banco de España. Cualquier cambio en el régimen fiscal debería estar orientado a fomentar estos proyectos de alquiler asequible y no a perjudicar un sistema que ha resultado efectivo hasta la fecha.
Por su parte, Antonio de la Fuente, Managing Director de Corporate Finance en Colliers, advierte que modificar una normativa que ha estado vigente más de diez años tendría un impacto negativo sobre la reputación de España y sobre la seguridad jurídica del país. La competencia global en el mercado inmobiliario exige condiciones fiscales favorables y estables para atraer capital, algo que se vería comprometido con la aprobación de esta reforma.
Las socimis, conocidas en otros países como REITs, fueron creadas en 2009 con el objetivo de atraer capital internacional al sector inmobiliario. Estas entidades adquieren una amplia variedad de inmuebles (residenciales, oficinas, hoteles, naves logísticas, centros comerciales, entre otros) y los ponen en rentabilidad. Actualmente, las socimis tributan al 1% en el Impuesto de Sociedades, siempre que distribuyan al menos el 80% de su beneficio en dividendos. Si se aprueba la reforma, las socimis perderían esta exención fiscal y pasarían a tributar al 25%, lo que afectaría directamente a su capacidad de generar dividendos y, por lo tanto, a su atractivo para los inversores.
En conclusión, el cambio fiscal propuesto podría desencadenar una serie de efectos negativos tanto para el mercado inmobiliario como para la economía en general, al reducir la oferta de viviendas y encarecer los precios, especialmente en el contexto de un sector que ha sido fundamental para el desarrollo del alquiler social y la inversión institucional en España.
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