La poca transparencia en el sistema público de pensiones merma la intención de ahorro privado.
El 81% de
las empresas asegura que los incentivos fiscales son inservibles para fomentar
la previsión social complementaria en las empresas.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José
Luis Escrivá, deberá afrontar un último obstáculo que amenaza el
funcionamiento de los nuevos planes de empleo de promoción pública que el
Gobierno ha aprobado como parte de la reforma de pensiones. El fondo público ya
está aprobado, el reglamento específico para su funcionamiento vio luz verde
hace pocos días, aunque fuentes del sector advierten de que aún no hay noticias
del proceso de adjudicación para la gestión y depósito de los futuros ahorros.
Y aun así, el Ejecutivo ha distraído uno de los puntos fundamentales
para su puesta en marcha: comunicar y hacer pedagogía entre
empresas y trabajadores para que sea más accesible y comprensible la
suscripción de un plan de empleo. Tres de cada cuatro empresas españolas, en
concreto el 74%, desconocen los nuevos planes de pensiones de empleo impulsados
por el Gobierno, tal y como concluye el VI estudio sobre la 'Situación de las
pensiones en España' realizado por KPMG Abogados.
Además, el 81% de empresas españolas, tras valorar el esquema
fiscal que el Gobierno ha articulado para los planes del fondo
público, cree que los incentivos fiscales son insuficientes, no mejoran los que
ya hay y son inservibles para fomentar el ahorro privado. Según apunta el
estudio, no se han producido demasiados cambios en la materia con la nueva
legislación.
Por lo que hasta el momento solo el convenio colectivo del sector de
la construcción recoge la implantación de un plan de pensiones
para las empresas del sector, mientras que el convenio de la industria química
contiene el compromiso de presentar un informe que analice la viabilidad de la
creación de un plan de pensiones antes de fin de año.
De hecho, la falta de atractivo está detrás de la escasa implantación
de estos planes de ahorro en las empresas. En la actualidad, solo el
28% de las compañías cuenta con un plan de previsión para sus
empleados, solo un punto porcentual más que hace un año. Aquí, los sectores con
mayor protagonismo en el desarrollo de la previsión social complementaria son
el financiero y el de la energía; mientras los que menos serían los de
transporte y logística e industria.
En este sentido, el autor del informe y director responsable del área
fiscal de Pensiones de KPMG Abogados, Álvaro Granado, asegura que
«la transparencia en la información sobre el impacto que las medidas
incorporadas en la reforma de la Seguridad Social tendrán en las futuras
pensiones de jubilación va a ser clave para conseguir el crecimiento de
los planes de pensiones promovidos por las empresas como complemento
necesario».
El experto de KPMG añade que para que las empresas y
los particulares puedan decidir sobre la puesta en marcha de un plan de
pensiones privado «sería aconsejable conocer el importe estimado de la pensión
de jubilación de la Seguridad Social».
Preocupación
latente
La exigua penetración de ahorro colectivo contrasta con la preocupación,
elevada: el 35% de compañías tiene en su agenda a medio plazo la toma de
medidas para planificar la jubilación de sus empleados. En
este sentido, el 71% de las empresas estaría dispuesto a realizar una
aportación sobre el salario de sus empleados con el objetivo de destinarlo al
ahorro para la jubilación de estos.
A nivel individual, un 98% de los participantes en la encuesta
manifiesta preocupación por su futura jubilación y, en concreto, un 65%
declara un elevado grado de preocupación. Por su parte, dos de cada tres
empresas advierten de que sus empleados no disponen de información en
relación con la futura pensión y la edad a la que estos podrán jubilarse,
circunstancia que dificulta la planificación individual y colectiva de la jubilación.
Para Álvaro Granado habrá que “estar muy atentos para analizar si el
incremento en costes que para las empresas supondrá en 2023 la puesta en marcha
del Mecanismo de Equidad Intergeneracional, junto con el fuerte
incremento que también experimentarán las bases máximas de cotización, pudiera
ocasionar que la recaudación no sea la esperada”.
Y advierte el experto de KPMG de que el importante impacto que el MEI tendrá en los gastos de personal de las compañías, unido al contexto económico actual, «podría provocar que se congelen las contrataciones o incluso que se reduzcan las plantillas, lo que se traduciría en menos ingresos por cotizaciones para la Seguridad Social».
FUENTE: ABC
