El plazo para ingresar el pago fraccionado del impuesto sobre sociedades del mes de octubre concluyó ayer con la novedad del incremento fiscal aprobado por el Gobierno el pasado 30 de septiembre. Hacienda exige que las empresas con una facturación superior a 10 millones de euros ingresen como mínimo el equivalente al 23% de su resultado contable. En la práctica, ello supone un aumento de la cuota tributaria en los pagos fraccionados. En el caso de las entidades financieras, el mínimo es del 25%.
El departamento de Cristóbal Montoro asegura que no se trata de una subida fiscal porque la medida simplemente incrementa los pagos a cuenta que realizan las empresas a lo largo del ejercicio en curso. Es decir, realizan un anticipo mayor y, por lo tanto, cuando presenten el próximo julio la declaración anual de 2016 les saldrá una cuota a pagar menor o tendrán derecho a devolución.
Hacienda solo admite que el incremento de los pagos fraccionados restará liquidez a las empresas. Aunque si la medida se prolonga en el tiempo, el efecto real equivale a una subida fiscal porque los anticipos incrementados se consolidan. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aseguró en el Consejo de Ministros del pasado 30 de septiembre que el tipo mínimo en los pagos fraccionados se mantendría hasta que el déficit baje del 3% del PIB, algo que el Gobierno prevé que ocurra en 2018. Una idea que ayer volvió a repetir en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, esa salvedad no se incluye en el Plan Presupuestario que Economía remitió el pasado sábado a la Comisión Europea. Es más, el documento especifica que la medida “no tiene fecha límite de vigencia” y en ningún momento se indica que el tipo mínimo desaparecerá en función de la evolución del déficit público.
La experiencia de este año demuestra que imponer un incremento de los pagos fraccionados es mucho más sencillo que eliminarlo. En 2012, el Gobierno introdujo un tipo mínimo del 12% en el impuesto sobre sociedades y elevó los pagos fraccionados. La medida, que en principio debía estar vigente dos años, se mantuvo hasta 2015. Y su supresión a partir de este año ha generado un agujero fiscal sin precedentes en la recaudación del impuesto sobre sociedades que Hacienda no previó en los Presupuestos Generales del Estado.
Hasta agosto, la recaudación del impuesto sobre sociedades alcanzó los 5.300 millones, un 32% menos que el ejercicio anterior y la cifra más baja registrada en los últimos 20 años. Con la recuperación de los tipos mínimos, el Gobierno confía en recaudar 8.000 millones adicionales este año y mantendrá la medida porque, en caso contrario, el agujero fiscal generado este año se trasladaría al siguiente. Así, habrá que ver hasta qué punto es factible suprimir el pago mínimo en 2018 como señaló Montoro. De hecho, el Gobierno ha preferido no comprometerse a ello en un documento oficial como es el Plan Presupuestario de 2017.
El incremento del impuesto sobre sociedades se aprobó a través de un real decreto que el Congreso convalidó ayer. El Gobierno negoció con el PSOE y Ciudadanos la medida para evitar que el Parlamento tumbara el gravamen mínimo. Al final, el tipo mínimo en Sociedades recibió el apoyo de PP, PSOE, Ciudadanos y PNV. Podemos se abstuvo. Montoro aseguró que la decisión no generará un gran perjuicio a las empresas, que disfrutan de un contexto de tipos bajos y abundante liquidez.
Sin embargo, la patronal CEOE no opina lo mismo y se ha mostrado muy crítica con una medida que afecta a la tesorería de las compañías. Además, recuerda que aún hay muchas empresas que siguen teniendo dificultades para acceder a la financiación y, por lo tanto, el incremento de los anticipos supone un revés importante.
Si bien PSOE y C’s apoyaron la medida, criticaron la falta de previsión del Gobierno. El portavoz de Hacienda de Ciudadanos, Francisco de la Torre, señaló que su formación votó a favor porque “no quedaba otro remedio” y afeó los errores en la previsión de ingresos del Gobierno. Con los 8.000 millones que previsiblemente aportará la medida, España está en condiciones de cumplir la nueva senda de consolidación fiscal que planteó Bruselas en julio y que supone cerrar el año con un déficit del 4,6% del PIB. Aun así, la época de los ajustes no ha terminado.
El Gobierno estima que el crecimiento económico contribuirá a seguir reduciendo los números rojos, sin embargo, no a la velocidad que exige la Comisión Europea. Sin medidas adicionales, el Ejecutivo de Mariano Rajoy estima que el déficit cerrará el próximo año en el 3,6% del PIB, cinco puntos por encima del 3,1% que contempla la nueva senda fiscal. Esto significa que queda pendiente un ajuste de 5.000 millones que deberá abordar el próximo Ejecutivo y negociarlo con un Parlamento fragmentado y sin mayorías claras.
FUENTE: CINCO DIAS
