La Dirección General de Tributos, en la Consulta V1966-24 de 17 de septiembre de 2024, ha determinado que la subvención “Kit Digital”, recibida por autónomos en el marco de los programas de digitalización financiados por la Unión Europea, debe considerarse rendimiento de actividades económicas en el IRPF. Este pronunciamiento establece las reglas para su tratamiento fiscal y temporal, basándose en los principios de la Ley 35/2006 del IRPF y normativa contable.
La subvención otorgada a autónomos bajo el programa “Kit Digital” se clasifica como rendimiento de actividades económicas, conforme al artículo 27.1 de la LIRPF. Esta norma establece que los ingresos obtenidos mediante la ordenación de recursos, incluidos los destinados a financiar actividades empresariales, forman parte de la base imponible del IRPF.
La ayuda del Kit Digital, al financiar gastos o inversiones relacionados con la actividad económica del receptor, adquiere esta calificación al considerarse vinculada directamente al desarrollo del negocio.
El artículo 14.1.b) de la LIRPF regula la imputación temporal de los rendimientos de actividades económicas, remitiéndose a las disposiciones del Impuesto sobre Sociedades. Según este marco:
Esta interpretación busca asegurar la correlación entre ingresos y gastos, garantizando la correcta asignación temporal de las ayudas y evitando distorsiones fiscales.
La Norma de Valoración 18ª del Plan General de Contabilidad establece cómo deben registrarse las subvenciones, según su propósito:
Estas reglas permiten reflejar con precisión el impacto económico de las ayudas en la contabilidad empresarial.
La DGT fundamenta su resolución en tres pilares normativos:
Estos fundamentos legales permiten interpretar de manera uniforme el tratamiento fiscal de las subvenciones percibidas.
El reconocimiento del Kit Digital como rendimiento de actividades económicas implica las siguientes implicaciones fiscales y operativas:
Prevención de sanciones: La correcta aplicación de estas reglas evita errores en las declaraciones tributarias y potenciales ajustes o penalizaciones por parte de la Administración.
