El gobierno trabaja en una ley que bloquee con más rapidez las cuentas ligadas al blanqueo o el terrorismo
14 de diciembre de 2019
El gobierno trabaja en una ley que bloquee con más rapidez las cuentas ligadas al blanqueo o el terrorismo
El Ejecutivo ultima una norma, con rango de ley, para la aplicación inmediata de las sanciones que imponga el Consejo de Seguridad de la ONU contra el uso y movimiento de fondos en materia de terrorismo, y con ello acelerar la congelación de fondos a personas y entidades a los que la ONU marque como posibles culpables de estas actividades ilícitas, a día de hoy este protocolo de actuación se dilata “entre tres y cuatro días” hasta que la orden es tramitada por la Unión Europea, permitiendo reaccionar a los implicados en los movimientos ilícitos.
Según fuentes del Ministerio “es un sistema garantista. Las entidades financieras están pendientes y revisan las listas de la ONU, el problema es que no hay obligación jurídica para aplicar” el bloqueo de la cuenta, hasta que la Unión Europea la recoge en un reglamento propio que sí es de aplicación directa, “queremos poner en marcha que esa obligatoriedad sea inmediata de manera transitoria” desde el momento que la ONU emite sus resoluciones, añaden.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) reconoce las mejoras de España en prevención pero le pide un mayor control sobre las ONG, que en ocasiones pueden contribuir a la causa terrorista sin saberlo. Según este organismo internacional, España es uno de los países que mejor puntúa en el último informe, cumpliendo con 37 de las 40 recomendaciones, mejorando en dos de las tres que quedan y con ciertos avances en la tercera.
Además el GAFI señala en su informe la necesidad de concienciar al sector privado, el Ministerio de Economía y Empresa ha lanzado una guía informativa elaborada con el objetivo de facilitar la inscripción de personas físicas profesionales que prestan servicios profesionales en el Registro Mercantil, cuyo plazo finaliza el próximo 31 de diciembre y que, en caso de incumplirse, podría conllevar una sanción leve de hasta 60.000 euros, según han informado en fuentes del Ministerio de Economía. Esto afecta a asesores fiscales y abogados que presten estos servicios a las empresas pero de manera externa, como personas físicas. La mayor parte de personas jurídicas ya están inscritos en el registro.
