La parálisis política se ceba con el colectivo al postergar medidas de mejora | La prestación por cese de actividad ha sido denegada al 67% de los valencianos que la solicitaron en lo que va de año.
Los autónomos son uno de los colectivos que más suelen pronunciar los partidos políticos en campaña electoral. Y es que, en España hay un total de 3.266.258 afiliados en este régimen y 350.771 sólo en la Comunitat, según los últimos datos disponibles, correspondientes al mes de septiembre. Sin embargo, son también uno de los que más sufre la parálisis política. Las medidas prometidas como, por ejemplo, la comisión que facilitaría las prestaciones por cese de actividad -el paro de los autónomos-, sigue todavía en el aire pese a que estos trabajadores están pagando una mayor cuota cada mes desde el 1 de enero de este año.
«Al no haber presupuestos, no hay novedades, por lo que sólo podemos decir que seguimos igual», lamenta Celia Ferrero, vicepresidenta de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), que señala que el 67% de los valencianos que solicitaron dicha prestación en lo que va de año no la han recibido pese a estar cotizando por ella. En concreto, la pidieron un total de 187 personas en la Comunitat y sólo se ha resuelto favorablemente a 61 de estos trabajadores. Cabe añadir que de esas 187, aún quedan 30 pendientes de resolver. Es decir, sólo el 32% han resultado beneficiarios.
«La prestación por cese de actividad es un fraude de ley», ha expresado en más de una ocasión el presidente de ATA, Lorenzo Amor, quien denuncia que se quiere obligar a estos trabajadores a cotizar por una prestación que, según él, en realidad «no funciona». En concreto, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto con la subida del 1,25% de la base mínima de cotización hasta los 944,35 euros al mes. Es decir, el tipo de cotización pasa a ser del 30%, con lo que los autónomos personas físicas están pagando desde el 1 de enero 5,36 euros más al mes -64 euros más al año.
Los problemas de financiación aumentan el retraso en los pagos de la Administración
Entre los requisitos para poder recibir las prestaciones se incluye la necesidad de tener unas pérdidas del 10% respecto a la facturación en un año para poder cesar la actividad por causas económicas. Según critican desde la patronal, esto es excesivo porque los autónomos no pueden aguantar ese tiempo con pérdidas. «En lugar de proteger a aquel que prácticamente no está ganando nada y tiene que cerrar, se le ponen exigencias económicas», han indicado en varias ocasiones.
Sin embargo, éste no es el único problema del colectivo. Y es que, los problemas de financiación de las autonomías -especialmente grave en la Comunitat- están ahogando aún más a los trabajadores por cuenta propia que ofrece servicios a la Administración. «La morosidad es una de las principales causas de mortalidad empresarial y hay muchos autónomos que no pueden aguantar», señalan desde la asociación. En concreto, la Generalitat fue la cuarta administración autonómica que más tardó en pagar a sus proveedores en agosto, al alcanzar los 49 días de retraso, cuando lo máximo permitido por ley son 30 días. Además, las administraciones locales duplican el plazo legal y son las que peor pagan con 67 días de media.
La morosidad pública es una de las principales causas de cierre de sus empresas
Con todo ello, Ferrero afirma que el paisaje actual es bastante desalentador. «Los autónomos crecen seis veces menos que en 2018 y no parece que vaya a mejorar antes de acabar el año», señala la vicepresidenta, quien añade que la parálisis del Ejecutivo y el Parlamento «no son el mejor escenario» para afrontar un entorno económico global que apunta a «una desaceleración más aguda» y al que «acechan graves amenazas» para la economía como la posibilidad de un 'Brexit' duro, la guerra comercial entre EE UU y China, y los problemas en Oriente Medio.
«Este entorno hace muy difícil implementar los programas electorales con los que muchos partidos se presentaron a las elecciones en abril de este año. Estamos en otra situación, donde hay que controlar más el gasto público y el déficit», sentencia.
Menos jubilaciones y peores pensiones que los asalariados
Las pensiones es otro de los frentes abiertos para el colectivo de los trabajadores por cuenta propia. Según los datos sobre pensiones de la Seguridad Social publicados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y analizados por la Unión de Autónomos UATAE, el número de nuevos pensionistas por jubilación en el Régimen General creció en 103.599 desde septiembre de 2018 y el mismo mes en 2019, lo que supone un incremento del 2,5% hasta situarse en 4.319.207. Mientras, en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, lo hizo en 14.719, un 1,1% de incremento, y un total de 1.304.456 pensionistas por jubilación en el RETA.
Este menor acceso a la jubilación de los autónomos y autónomas se viene repitiendo también en años anteriores, al menos desde 2013. Para María José Landaburu, secretaria general de UATAE, hay al menos tres factores que explican este comportamiento. «Existe un mayor número de trabajadores en el RETA que al llegar a la edad jubilación no reúnen los requisitos mínimos exigidos; retrasan la jubilación ante la perspectiva de una pensión muy reducida y, por tanto, de una importante caída de sus ingresos; y encuentran mayores dificultades para la jubilación anticipada. Es decir, algunos autónomos no llegan y otros la retrasan», explica.
El estudio de UATAE sobre la evolución de las pensiones en 2019 también destaca que los autónomos jubilados cobrarán unos 525 euros menos de pensión media mensual que los asalariados. «Tiene que ver con un Régimen Especial para los Trabajadores Autónomos injusto y anticuado, que no se basa en los ingresos reales», indica.
